Juan E. Carrasco, Emiliano Maletta y María Aránzazu del Val.
Núm. 325. En Reportaje. Marzo de 2011
30-3-2011
En 2005, un conjunto de empresas, algunas de cuáles ya estaban realizando en España inversiones y actividades importantes en el campo de los cultivos energéticos, junto con diferentes universidades y centros de investigación y otras entidades en el ámbito agrario, deciden promover, coordinados por el Ciemat y su Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Lubia (Soria) un proyecto para desarrollar la producción y uso de la biomasa procedente de los cultivos. La propuesta fue presentada ese mismo año para su financiación a la convocatoria de Proyectos Singulares y Estratégicos convocacada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que finalmente fue aprobada iniciándose así el proyecto denominado On Cultivos.
Dentro del ámbito de la biomasa como recurso energético, la producida a partir de cultivos cuya cosecha se destina a la producción de energía es la que presenta un mayor potencial que, según algunos estudios[1], puede llegar a cifrarse a nivel mundial en torno a 1.300 EJ/año, en 2050. Esta cantidad de energía equivale a unas dos veces y media la energía primaria consumida actualmente a nivel mundial y a unas siete veces más que el potencial utilizable de residuos de biomasa.
Los cultivos energéticos pueden ser especies herbáceas o leñosas e introducirse tanto en suelo agrícola como en suelo forestal, en el caso de las especies leñosas.
En 2007, la superficie mundial ocupada por cultivos con fines energéticos fue de, aproximadamente, 20 millones de hectáreas, alrededor de tan sólo un 1% de la superficie agrícola total en el mundo. En su gran mayoría se trataron de especies como la caña, los cereales y diferentes oleaginosas, que se utilizaron para la producción de los denominados biocarburantes de primera generación: biodiésel y bioetanol.
En los últimos años y principalmente a raíz de la gran subida de precios de las citadas materias primas en 2007, el uso de estos cultivos para la producción de energía en competencia con la de producción de alimentos y el uso de la tierra, está siendo objeto de una creciente controversia que, en los casos más extremos, ha llegado a situarlos en el epicentro de las causas de una posible futura hambruna mundial.
Existen, no obstante, diferentes hechos que avalan la viabilidad del desarrollo sostenible de los cultivos energéticos y que ponen en duda las razones esgrimidas en su contra. Asimismo, existen estudios[2] que, en el contexto de un desarrollo tecnológico agrícola y del mercado internacional de materias primas y teniendo en cuenta un crecimiento moderado de la población mundial, consideran posible la alimentación de la totalidad de la población mundial con una superficie cultivada inferior a la actual y con una sostenibilidad de la agricultura superior a la de hoy en día.
Dejando a un lado los movimientos de especulación del mercado que en numerosas ocasiones son los causantes de oscilaciones injustificadas en los precios de las materias primas, es interesante constatar, en lo referente a la disponibilidad de tierras de cultivo, que la propia FAO estima en no menos de 600 millones de hectáreas la superficie arable a nivel mundial disponible de forma sostenible para usos no alimentarios y que la mayor parte de los países tienen superficie agrícola no cultivada, que en el caso tan solo de Brasil superó en 2005 los 350 millones de hectáreas. En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medioambiente (EEA), en su informe 7/2006, sitúa a los cultivos energéticos como la principal fuente de energía de la biomasa a partir de 2030, estimando una disponibilidad de superficie agrícola dedicable para su implantación de forma sostenible en torno a 20 millones de hectáreas, en las que podrían llegar a producirse 144 MTep/año de biomasa. Esta cantidad equivaldría a algo más del total de energía primaria consumida hoy en España.
Según Faostat (2011), desde 2001 y hasta 2009, en España ha disminuido la superficie destinada a cereales de secano en 1,8 millones de hectáreas, y en 278.000 ha la superficie total de viñedos a lo que hay que sumar una superficie considerable de regadío. Además, la entrada en vigor en 2013 de las reformas de la PAC va a propiciar nuevos abandonos de tierras en el corto plazo con los correspondientes daños asociados a nivel social y medioambiental que ello supone. Frente a esta situación, las propias reformas de la PAC, la Directiva Europea sobre Energías Renovables (RED) y el Plan de Acción Nacional para el Fomento de las Energías Renovables (PANER 2011-2020)[3] recientemente presentado por el Gobierno, promueven la reutilización de las tierras abandonadas con cultivos energéticos, junto con la mejora del cuidado y la utilización energética de los recursos del monte en España.
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, la producción de biomasa a partir de cultivos energéticos no solo constituye una alternativa relevante para el desarrollo de las energías renovables y como estrategia de ahorro de emisiones de efecto invernadero sino que, adicionalmente, puede tener una notable incidencia en la realidad social y económica del mundo rural de muchos países, incluido el nuestro.
En el contexto descrito, un conjunto de empresas, algunas de cuales ya estaban empezando a realizar inversiones y actividades en el campo de los cultivos energéticos, junto con diferentes universidades, centros de I+D y otras entidades de ámbito agrario, deciden elaborar coordinados por el Ciemat y su Centro de Desarrollo de Energías Renovables (Ceder), una propuesta conjunta para desarrollar los cultivos energéticos en España. La propuesta es presentada a la convocatoria de 2005 de Proyectos Singulares y Estratégicos del Ministerio de Ciencia e Innovación y finalmente aprobada para su ejecución. El proyecto contempla un periodo de duración de 2005 a 2012. Así surge el proyecto singular estratégico denominado "Desarrollo, demostración y evaluación de la viabilidad de la producción de energía en España a partir de biomasa de cultivos energéticos" (PSE On Cultivos), que hasta la fecha constituye un esfuerzo conjunto público-privado sin precedentes en el ámbito de la agroenergética en España. El Proyecto viene siendo cofinanciado desde 2005 por el Ministerio de Ciencia e Innovación y, desde 2008, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Los datos generales del proyecto se muestran en el cuadro I.
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